La Administración pública en la encrucijada

"El actual envejecimiento de las plantillas de empleados públicos ubica en un punto central de la agenda institucional el proceso de renovación intergeneracional y de la atracción de un nuevo talento"

La década 2020-2030 va a ser crucial, ya que todos los países del mundo se enfrentarán a unos retos extraordinarios que van a requerir instituciones públicas renovadas, innovadoras, eficaces, más abiertas y radicalmente democráticas. Hay tres grandes vectores de transformación y cambio: uno sustantivo, otro tecnológico y, finalmente, un tercero coyuntural y autóctono.

• Las instituciones públicas tendrán que afrontar crisis sobrevenidas e inéditas como la de la covid-19 o el cambio climático en el marco de la implementación de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tan ambiciosos como ineludibles. Si deseamos que los ODS resulten realmente relevantes para los gobiernos de nuestro sistema administrativo deberían vincularse a los objetivos centrales de sus políticas y programas presupuestarios que, al final, son los que conducen y determinan la acción y la responsabilidad de los gobiernos. Para ello es ineludible reinventar los diseños institucionales para lograr organismos públicos con alta capacidad innovadora.
• Se puede anticipar un cambio radical en los modelos y metodologías de gestión vinculados a las tecnologías emergentes: a la Administración digital, al manejo de grandes fuentes de datos (big data) y a la introducción en la gestión pública de la inteligencia artificial y de la automatización de procesos mediante la robotización.
• El actual envejecimiento de las plantillas de empleados públicos ubica en un punto central de la agenda institucional el proceso de renovación intergeneracional y de la atracción de un nuevo talento en las administraciones públicas. El problema de la inevitable pérdida de un conocimiento institucional y aparentemente intuitivo de las reglas formales e informales de las organizaciones públicas puede ser sobradamente compensado por la oportunidad de rejuvenecer las plantillas con nuevos profesionales bien formados y totalmente digitalizados. Este nuevo talento es el que está llamado a implantar los cambios organizativos y de gestión necesarios por el impacto del cambio de paradigma tecnológico.

Una Administración bloqueada

Si durante la próxima década se atienden con solvencia estos tres retos podremos gozar de instituciones públicas modernas, sólidas y solventes totalmente adaptadas a las contingencias y turbulencias que van a marcar el siglo XXI. Para que ello sea posible es imprescindible cambiar las tradicionales dinámicas de modernización e innovación y cambio en las administraciones públicas. Durante los últimos cuarenta años el proceso de transformación de la Administración pública ha sido incremental pero muy al ralentí. Algunos cambios motivados por la transformación tecnológica han impactado en algunas políticas, servicios y procesos, pero no han sido capaces de modificar ni el modelo organizativo ni el sistema de gestión de los empleados públicos.

"Durante los últimos cuarenta años el proceso de transformación de la Administración pública ha sido incremental pero muy al ralentí"

Hay, por tanto, que romper la lógica perversa de los eufemismos (no afrontar de frente los problemas de fondo y limitarse a abordar los elementos tangenciales), las imposturas (aparentemente reformarlo todo para nunca cambiar los elementos substantivos), evitar la maldición de Sísifo con el que se enfrentan los empleados y directivos públicos innovadores y superar el efecto Penélope al que se abona la cultura política autóctona que consiste en concentrar los esfuerzos políticos en demoler la obra del anterior gobierno y no en reformar y mejorar las instituciones y las políticas públicas. Para superar estos problemas y lógicas estructurales hay que cambiar la lógica de equilibrios y vetos perversos en manos de actores políticos con una nula cultura institucional, a los que hay que añadir sindicatos, empleados públicos con lógica corporativa y una judicatura que atienden casi en exclusiva al mantenimiento de status quo con una lógica conservadora que a fomentar o permitir la renovación institucional necesaria en concordancia con las nuevas demandas y necesidades sociales.

Una agenda de reformas

Por tanto, hay que provocar un debate profundo y radical sobre cómo afrontar desde los gobiernos y las administraciones los retos de un mundo de grandes aglomeraciones humanas, creciente envejecimiento poblacional, acelerado desarrollo tecnológico, economía global y del conocimiento y nuevas formas de organización social. No se trata solo de cuestionar lo que hacen y deben hacer los gobiernos. También habrá que cuestionar cómo lo hacen, especialmente ahora que las instituciones públicas están introduciendo otras formas de intervención más sofisticadas que las tradicionales, como el soft law, el nudging, la colaboración público-privada, el crowdsourcing, la compra pública innovadora, la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, la autogestión o la cogestión social, etc.

Para contar con instituciones públicas innovadoras que promuevan y aseguren la mejora continua es preciso dotarlas de un modelo radicalmente democrático, inclusivo, abierto y transparente, que propicie la rendición de cuentas de los gobiernos y gestores públicos y su efectiva responsabilidad. Para que este modelo sea el adecuado en las instituciones públicas se requiere:

• Transparencia en los procesos y los resultados vinculados a la planificación y presupuestación basadas en la creación de valor público.
• Participación social en la identificación de problemas.
• Evaluación interna y externa (técnica y social) de las instituciones, las políticas y los servicios basada en la creación de valor público.
• Evaluación del desempeño de los gestores y profesionales, en las que se incorporen los resultados y las competencias innovadoras (creatividad, pensamiento crítico, orientación al ciudadano o a la resolución efectiva de problemas, cooperación y trabajo en equipo).