Corren buenos tiempos para la mediación en Cataluña

Javier Wilhelm, Director del Máster en Mediación Profesional en la UPF Barcelona School of Management.

Desde el movimiento medieval de Paz y Tregua hasta la actualidad, Cataluña ha sido impulsora de movimientos por la paz y la convivencia. A principios de los años 2000,empezamos a legislar la mediación institucionalizada, pensada para poner paz en procesos de separación y divorcio de nuestro entorno. A finales de esta década, se cubrió jurídicamente la mediación en todo el ámbito del derecho privado para llegar a todos los conflictos civiles que se dan entre las personas que viven y deben gestionar las diferencias de forma pacífica, próxima y segura con la figura profesional de mediadores y mediadoras formadas para dar confianza a un proceso complejo que protagonizan quienes tienen que convivir con lo que acuerden, los directamente implicados.

En plena pandemia del 2020, avanzamos con la sesión prejudicial exploratoria para dar seguridad, con sesiones privadas y confidenciales, a los progenitores que cuando estén en un proceso de separación, lo puedan hacer de forma que no dañen a sus hijos e hijas. De hecho, ya en ese momento, el Parlament de Catalunya encargó al Govern la redacción de una ley más amplia, con más tipos de respuestas y mecanismos alternativos, así como la redacción de una política pública con el reto de convertir Cataluña en un país mediador.

En este momento sale a la luz la nueva “Ley de gestión alternativa de conflictos”, como anteproyecto aprobado incluido en el Plan Normativo de la Administración de la Generalitat de Catalunya.

Cuando tuve el honor de diseñar el borrador de la política pública, en el año 2020, con el objetivo de trabajar en la prevención, gestión y resolución de disputas, identifiqué la necesidad de crear una área específica con una serie de líneas de acción que hicieran que la cultura del diálogo llegara a cada barrio, escuela, casa, empresa y agrupación de nuestro entorno, que fuera cercana, accesible y hecha a medida para los diferentes conflictos que se dieran entre personas, familias y entre grupos de nuestro tejido social, con un marco en el que recibir respuesta humana en situaciones de malestar interpersonal, grupal y social.

También nos encontramos con varios programas en el ámbito local, y en distintos departamentos del Govern -Salud, Justicia, Educación o Seguridad - que debían vertebrarse en un eje con un nivel de coherencia, coordinación y optimización de recursos que dieran más fuerza y consolidación al trabajo por el bienestar de las personas, enmarcado en los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

En estas últimas semanas hemos dado un paso importante; se aprueba y se pone en consulta participativa el anteproyecto de Ley de prevención, gestión y resolución de conflictos, con el objetivo de promover la cultura de la paz, ofrecer a la ciudadanía mecanismos alternativos de resolución de conflictos, más allá del ámbito judicial, y establecer las bases para fomentar y crear políticas sobre la justicia restaurativa.

Una vez más, Cataluña es locomotora de cambios que promueven un reto democrático que creemos fundamental: Podemos vivir juntos, aunque no pensemos igual.