La imposición de peajes, un nuevo alejamiento de Europa

Andrei Boar

Profesor del Departamento de Finanzas, Contabilidad y Control

La propuesta fiscal y económica de España en la Unión Europea para los próximos años ha abierto la puerta a una subida encubierta de impuestos en la red de carreteras. A partir de 2024, todas las autovías y autopistas del Estado serán de pago para compensar los 1.000 millones de euros anuales que cuesta el mantenimiento. Esta situación ha generado indignación entre la población al considerar que estas infraestructuras ya se costean con los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los correspondientes impuestos y que, por tanto, no se debe generar una tasa adicional. 

La esperada (y costosa) liberación de los peajes

A finales de agosto se espera la liberación de los peajes, que afectará principalmente el Arco Mediterráneo con la eliminación de los peajes de la AP-7 y la AP-2. Una medida muy reclamada por particulares y empresas de la zona, ya que supondrá una reducción en los costes de empresas y un mayor ahorro para las familias. De hecho, en los tramos que ya se han liberado con anterioridad, se ha percibido un aumento del tránsito diario del 30% con una reducción de circulación similar a las vías paralelas. 

Después de casi cincuenta años de peajes en la AP-7, se eliminan con una indemnización final a Abertis de 1.291 millones de euros. Además, la empresa le reclamará al Estado 3.000 millones de euros más para la reducción del tráfico durante el estado de alarma decretado por el covid-19. 

La imposición de peajes: una subida de impuestos encubierta

A raíz de la propuesta del gobierno del Estado, todas las autovías y autopistas tendrán peaje a partir de 2024. Pero ¿tiene sentido esta medida?

Si bien es habitual que quien utiliza una infraestructura y, por tanto, la desgasta, debe afrontar el coste de mantenimiento, también debe serlo que si este gasto ya no queda cubierto por los presupuestos del Estado, hay que reducir los impuestos que afectan a los vehículos eliminando la parte que se destinaba al mantenimiento de las vías. Sin embargo, esta opción de momento no se contempla y se seguirán  pagando los mismos impuestos, además de costearse todos los trayectos que se realicen por dichas infraestructuras. A la práctica es una subida de impuestos encubierta.

La viñeta como alternativa

La viñeta es una tarifa plana en la que se paga por usar ciertas infraestructuras viarias (como podrían ser autovías y autopistas) en función del tiempo de uso y del tipo de vehículo que la transita. La viñeta es un método utilizado en otros países de Europa como Austria, Alemania, Dinamarca o Eslovenia, donde también se tiene en cuenta otro factor: el nivel de contaminación del automóvil. 

En el caso de estos países, el precio de la viñeta es progresivo en función del tiempo que está en vigor. Por ejemplo, en Austria un turismo paga 9 euros por 10 días y 87 por un año. Esta discriminación de precio genera que el usuario que debe utilizar la vía solo de paso o el turista que necesariamente debe circular por ella, paguen mucho más que la persona que reside en la zona, financiando así, de forma indirecta, el mantenimiento de la vía. 

Los peajes o la viñeta

El Gobierno catalán hace años que habla de la instalación de la viñeta para compensar el coste de autovías y autopistas, que solo en Catalunya es de 300 millones de euros al año. Ahora bien, desde el gobierno del Estado se ha apostado por un modelo de instalación de peajes en todas las carreteras en contra del modelo que se aplica en el resto de Europa (la viñeta) y que supondría un coste de instalación prácticamente nulo y una reducción en el coste para usuarios habituales de la vía, transfiriendo el mantenimiento a los usuarios esporádicos. 

En un territorio como España, que cuenta con un gran número de turistas y que actúa como frontera entre Europa y África, tendría sentido transferir el coste del mantenimiento de las carreteras a estos usuarios esporádicos y no castigar al usuario habitual. Con este sistema, seguro que se conseguiría financiar los costes de mantenimiento con un incremento inferior de la presión fiscal.