Albert Martí
Profesor del Máster en Finanzas y Banca
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La reforma del sistema de pensiones es una necesidad para hacerlo sostenible dado la situación demográfica de envejecimiento de la población. El anteproyecto de reforma que ha presentado el Gobierno español está focalizado en los planes de pensiones de ocupación, uno de los pilares del sistema que ahora mismo existe en el Estado, pero de manera anecdótica, mientras que en los países más avanzados de Europa son habituales.
Los sistemas de pensiones tienen tres pilares: el primero es la seguridad social, es decir, el sistema público a través del cual el Estado recauda ingresos con las cotizaciones para pagar las pensiones en un mecanismo de reparto. El segundo es el sistema de pensiones promovido por las empresas, conocidos como planes de pensiones de ocupación, en que las compañías hacen aportaciones para sus empleados. El tercero son los planes de pensiones individuales promovidos por las entidades financieras.
La tasa de sustitución en España es del 80% y el ahorro es muy bajo, mientras que en la UE no llega al 60% y el ahorro a través de la empresa e individual es mucho más alto
Pero el sistema de pensiones español se sustenta básicamente en el primer pilar, de hecho la tasa de sustitución -la relación entre la pensión y el último salario- en el Estado español es de las más altas de la OCDE, alrededor del 80%. El segundo está muy poco desarrollado, y se centra mayoritariamente en grandes empresas. No son obligatorios y depende de la voluntad de las compañías. El último pilar, el de las aportaciones individuales, también está poco desplegado, porque hay una carencia de cultura del ahorro y ha estado muy vinculado con los incentivos fiscales. En este sentido, la tasa de ahorro en planes de pensiones en España queda muy abajo en el ranking comparándose con otros países, alrededor del 16%.
Mientras tanto, la tasa de sustitución de la Unión Europea (UE) no llega al 60% y el ahorro a través de la empresa e individual es mucho más alto.
El Mercer CFA Institute Global Pension Index valora los sistemas de pensiones en todo el mundo basándose en tres criterios: adecuación del sistema de pensiones, sostenibilidad e integridad. Este ranking, a grandes rasgos, lo lideran los países del norte de Europa, seguidos de un grupo de países como Israel, Australia, Gran Bretaña o Suiza. En el año 2021, España se encuentra en la posición 24 de un total de 43 países analizados con una valoración global de 58, en una situación mediana-baja de la tabla. Y precisamente es el criterio de sostenibilidad el que más penaliza el Estado español.
En otras partes del mundo hay diferentes sistemas de pensiones, alejándonos de este modelo de aportaciones públicas y privadas, hay países en Sudamérica (Chile sería un claro ejemplo) donde se apuesta por sistemas de capitalización, donde cada persona se genera su propia pensión a través de un sistema de ahorro individual. Los Estados Unidos, Canadá y Japón cuentan con modelos de pensión pública que cubren los supuestos de necesidades más básicas que se complementan con iniciativa privada, incentivando el ahorro con incentivos fiscales.
Con esta reforma lo que se pretende es hacer sostenible el sistema de pensiones potenciando el pilar de los planes de pensiones de ocupación y fomentando el ahorro a través de aportaciones empresariales e individuales.
Con esta reforma lo que se pretende es hacer sostenible el sistema de pensiones potenciando el pilar de los planes de pensiones de ocupación y fomentando el ahorro a través de aportaciones empresariales e individuales
Actualmente, los planes de pensiones de ocupación de las empresas generan ahorro para los trabajadores. Las empresas -normalmente con plantillas voluminosas- lo hacen voluntariamente y los trabajadores lo pueden complementar. Con la nueva ley, se creará un fondo de pensiones de promoción pública y de gestión privada, con acuerdos sectoriales o de convenios, a los que las empresas, pymes y autónomos se adherirán.
Y volviendo al ranking de los sistemas de pensiones, precisamente los países del norte de Europa destacan porque cuentan con planes de pensiones de ocupación casi obligatorios. Dicho de otro modo, esta reforma busca acercarnos a la Europa con sistemas de pensiones más sostenibles. A modo de ejemplo, en los Países Bajos, los convenios colectivos determinan casi la obligatoriedad de adhesión de empresas y empleados a estos planes de pensiones, y en el Reino Unido se ha establecido un sistema donde conviven aportaciones a los planes de pensiones por parte de la empresa, los empleados y el Estado, aliviando así la carga de la pensión pública a través del ahorro privado.
En resumen, los puntos positivos de esta propuesta son la promoción del pilar del ahorro a través de los planes de ocupación; la extensión de estos planes también a pymes y autónomos; la promoción pública que rebajará las comisiones de gestión y también se prevé una plataforma digital que facilitará la consulta y la gestión por parte de los partícipes.
Las críticas que se le hacen por parte de sindicatos y organizaciones sociales es que la propuesta se queda a medio camino, porque si no se hace obligatorio, muchas empresas no harán aportaciones, y la reforma no será efectiva. Por otro lado las patronales y organizaciones empresariales tampoco se sienten cómodas con la propuesta, puesto que piden más incentivos fiscales y bonificaciones para las empresas.
Si la participación en los planes colectivos de empresa no se hace obligatorio, muchas compañías no harán aportaciones, y la reforma del sistema de pensiones no será efectiva
Finalmente, las entidades financieras también se suman a las críticas, porque consideran que la reforma, con la reducción de los límites de aportaciones individuales, penaliza drásticamente el tercer pilar. Hasta 2020 se podía aportar anualmente, con su consecuente desgravación fiscal, hasta 8.000 euros en planes de pensiones individuales; y en esta reforma, a partir del 2022, se recorta esta aportación máxima individual hasta 1.500 euros en un intento claro de propiciar el ahorro a través de los planes de ocupación.
Para que esta reforma sea sustancial y tenga un efecto real hay que esclarecer estos temas. Si esto no pasa, el naufragio será más que probable.
Nos encontramos en un punto de inflexión. Además de las consecuencias sociales y económicas, la reforma de las pensiones también tiene relevancia política, y aunque todo tiene un coste electoral, es totalmente necesario abordarla con efectos inmediatos.
Si además tenemos en cuenta otras cuestiones relacionadas con la precariedad que azota la clase trabajadora del país y la presión de los costes empresariales, nos encontramos con una combinación complicada entre la necesidad de generar ahorro y la capacidad real de poder hacerlo.